Cesare Lombroso

"El ignorante adora siempre lo que no entiende"

PELMATOSCOPIA

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EU militariza lucha contra narcotráfico

Los tripulantes del barco USS Underwood vigilan con sus lentes de visión nocturna y detectan una lancha arrojando paquetes por la borda.

Clarissa Carpio, una oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, prepara su ametralladora y se monta en una lancha junto con dos colegas y cuatro marineros sin armas. Oriunda de San Francisco y con 23 años de edad, Carpio está lista para el combate. Es su primera misión en el exterior, pero fue entrenada precisamente para la lucha antidrogas.

El despliegue es evidencia de que Estados Unidos está militarizando la lucha contra los carteles de la droga en Latinoamérica, en su más costosa iniciativa en la región desde el fin de la Guerra Fría. Ha gastado más de 20.000 millones de dólares en ello en la última década.

Tropas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Costera están siendo empleadas para perseguir, detectar y capturar a contrabandistas de drogas.

La sofisticación y la violencia de los carteles es tal que los militares estadounidenses entrenan no sólo a las fuerzas del orden de países latinoamericanos sino también a sus fuerzas armadas, con costosos equipos, radares, aviones, barcos, aeropuertos y bases de abastecimiento, todo con el fin de detener el flujo de drogas que va de Sudamérica hacia Estados Unidos.

Según fuentes del Pentágono y del Departamento de Estado, la lucha contra las drogas se ha convertido en un asunto de seguridad nacional porque los narcóticos conllevan plagas como la corrupción, el daño a las democracias y el terrorismo.

El director antidrogas estadounidense, Gil Kerlikowske, dice que la estrategia está dando frutos, y señala como prueba la sustancial disminución de la violencia y producción de cocaína en Colombia.

“Los resultados han sido históricos y han tenido grandes implicaciones, no sólo para Estados Unidos y el Hemisferio Occidental sino para el mundo entero”, dijo Kerlikowske en una conferencia el año pasado.

La AP revisó documentos sobre exportaciones de armas, contratos militares, cifras de ayuda militar y de maniobras armadas en la región, detectando una estrategia de guerra que se inició en Colombia, se trasladó a México y es ahora enfocada en Centroamérica, donde los brutales criminales son el símbolo de un enemigo a quien no le importa la ideología sino el dinero.

Estados Unidos autorizó la venta de 2.800 millones de dólares en fusiles, satélites, equipos de radar y gases lacrimógenos a países del Hemisferio Occidental en el 2011, una cifra sin precedentes y cuatro veces lo que era 10 años atrás, según cifras del Departamento de Estado.

En esa misma década, los contratos de defensa aumentaron de 119 millones de dólares a 629 millones, para financiar una amplia gama de equipos como cascos a prueba de bala para el ejército mexicano y pistas de aterrizaje en Aruba, según cifras oficiales. El año pasado 830 millones de dólares — casi 9 de cada 10 dólares en ayuda policial y militar enviada a la región — fueron para la lucha antidrogas, un aumento de 30% en una década. Muchas fuentes en las agencias de la ley — como la DEA, el ICE y el FBI — aplauden la nueva estrategia, pero otros opinan que militarizar la lucha en una región de frágiles democracias e instituciones corruptas podría agravar la inestabilidad política son hacer mella en una industria que según la ONU, produce 320.000 millones de dólares anuales.

El congresista Eliot Engel, demócrata por Nueva York y presidente del Subcomité de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental los últimos cuatro años, denuncia que los esfuerzos apoyados por Estados Unidos de combatir a los carteles mexicanos sólo ha logrado hacerlos “más fuertes y más violentos”, y ha anunciado planes para presentar una evaluación sobre las gestiones antinarcóticos.

“Miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses se han gastado durante años en el combate a los narcotraficantes en Latinoamérica y el Caribe”, declaró. “A pesar de tanto esfuerzo, hemos tenido pocos resultados positivos”.

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En todo momento hay unos 4.000 soldados estadounidenses en Latinoamérica y cuatro buques de la Armada de Estados Unidos a lo largo de ambas costas de Centroamérica. Pilotos de la Fuerza Aérea volaron más de 46.400 horas en misiones antidroga en el 2011, y agentes de por lo menos 10 agencias de la ley de Estados Unidos están en funciones en todo el continente.

Las fuerzas estadounidenses entrenan a miles de soldados latinoamericanos y usan costosos equipos de radar para espiar a los carteles de la drogas, interceptar sus envíos y arrestar a sus cabecillas.

Pero no es fácil. Los narcotraficantes mueven la droga cada año con 11.000 vuelos, y cientos de lanchas y sumergibles. Sacan la cocaína del único lugar donde es producida, Sudamérica, y la meten donde es más codiciada, el mercado estadounidense.

Un problema eterno es que en muchos de los países de la región la policía es muy débil o corrupta y los gobiernos han recurrido a las fuerzas militares para combatir a los narcotraficantes, lo cual a veces ha degenerado en violencia. Las fuerzas armadas tienen como misión el combate y para ello son entrenadas, mientras que a los cuerpos policiales se les enseña a hacer cumplir las leyes.

“Es lamentable que los militares tienen que estar involucrados en misiones que les corresponden a las fuerzas del orden”, opinó Frank Mora, el subsecretario saliente de defensa para asuntos del Hemisferio Occidental. Pero al mismo tiempo reconoce que muchos gobiernos no tienen opción.

“No podemos darles la espalda a estos gobiernos o a estas instituciones sólo porque se encontraron en esta situación en que se vieron obligados a usar sus fuerzas armadas”, dijo Mora.

Añadió que ello no implica que la guerra antidrogas se está militarizando, aseverando que el rol del Departamento de Defensa, por ley, es sólo de vigilar y detectar. Son agentes de las fuerzas del orden, como del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras o la Guardia Costera, los responsables de realizar los arrestos.

Pero Estados Unidos está desplegando fuerzas militares también. No sólo está la Cuarta Flota en el Caribe, el Pacífico y el Atlántico sino que la Infantería de Marina fue despachada a Guatemala el año pasado, y hay efectivos de la Guardia Nacional en Honduras.

El gobierno estadounidense califica estos despliegues de misiones importantes que dan buenos resultados. Cientos de miles de kilos de cocaína son confiscados cada año en ruta hacia Estados Unidos, y el Departamento de Defensa estima que unas 850 toneladas métricas de cocaína salieron de Sudamérica el año pasado rumbo a Estados Unidos, un descenso de 20% en un apenas un año. El estudio más reciente muestra una significativa reducción en el consumo de cocaína, de 2,4 millones de consumidores en el 2006 a 1,4 millones en el 2011.

A bordo del Underwood, la tripulación tenía clara la misión. El buque ha ganado reconocimiento oficial por sus exitosos decomisos de marihuana y cocaína.

Vigilando las aguas desde la cubierta del barco, el equipo de Carpio detectó un primer paquete de cocaína. Y entonces, tras dos semanas y media surcando las aguas del Caribe en busca de narcotraficantes, detectaron otro paquete, y luego otro y otro. “En total hallamos 49 paquetes”, dijo Carpio en una entrevista a bordo del barco. “Fue asombroso ver esa cantidad de paquetes flotando juntos en el mar”.

Los paquetes, envueltos en gruesa tela negra y blanca, eran tan pesados que Carpio apenas podía levantarlas del agua. Más tarde, las autoridades dijeron haber confiscado cocaína por un valor de 27 millones de dólares.

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La estrategia estadounidense actual empezó en Colombia en el 2000, con el llamado Plan Colombia, una iniciativa que duró ocho años a un costo de 7.000 millones de dólares para detener el flujo de la cocaína proveniente de allí. Durante ese tiempo, las fuerzas policiales colombianas, en colaboración con agentes de la DEA, lograron capturar a varios cabecillas de los carteles aunque la violencia un estimado de 44.000 muertes.

Pero como consecuencia de los éxitos en Colombia, los narcotraficantes trasladaron sus cultivos a países como Perú y Bolivia, y los envíos dejaron de hacerse por la Florida y en lugar de ello pasaron por la frontera con México.

Fue entonces que en el 2008 se lanzó la Iniciativa Mérida, a un costo de 1.600 millones de dólares para cuatro años. Ocurrió lo mismo: los cabecillas criminales fueron capturados, pero se incrementó la violencia a medida que los carteles se peleaban las rutas. Se estima que unas 70.000 murieron en seis años.

Los capos de los carteles mexicanos, ante la nueva ofensiva, voltearon la mirada Centroamérica, donde los gobiernos son más débiles y las fuerzas policiales tienden a ser más corruptas.

“Ahora súbitamente, la tendencia se ha revertido”, opina Brick Scoggins, quien dirige las operaciones del Departamento de Defensa en la mayor parte de Latinoamérica y el Caribe. “Yo diría que los países más al norte como El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice son ahora el centro de atención”.

La iniciativa más reciente es la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica, que incluye la Operación Martillo, una operación que lleva un año y que es coordinada por Estados Unidos. La iniciativa no tiene fecha de conclusión y se enfoca en las costas centroamericanas, donde pasa el 90% de las 850 toneladas métricas que van hacia Estados Unidos.

Como parte de la Operación Martillo, 200 marines comenzaron a patrullar la costa occidental de Guatemala en agosto, con helicópteros que sobrevuelan las aldeas en la oscuridad de la noche en busca de los submarinos que usan los narcotraficantes y sus cargamentos de droga. La operación cuenta también con tecnología ultramoderna para interceptar y analizar las comunicaciones entre los narcotraficantes.

El subsecretario de Estado William Brownfield, director de la Oficina de Asuntos sobre Lucha contra el Narcotráfico Internacional, vaticina que la represión en Centroamérica llevará a los criminales a trasladar sus esfuerzos al Caribe.

El objetivo, comentó, es hacerle tan difícil la tarea a los carteles que eventualmente desistan de tratar de enviar drogas a Norteamérica, donde el consumo de cocaína está disminuyendo. Los traficantes se verán obligados a buscar mercados más fáciles y de mayor crecimiento como en Europa o África.

Brownfield sostiene que casi toda la cocaína de Perú y Bolivia pasa por Brasil y Argentina rumbo a Europa Occidental. La mayoría de la cocaína que llega a Norteamérica llega desde Colombia, expresó, donde la producción parece estar disminuyendo rápidamente, de 700 toneladas métricas en el 2001 a 195 toneladas métricas hoy, aunque los estimados varían.

Si la iniciativa se torna violencia, insistió, ello es indicio de que la estrategia está dando frutos.

“El derramamiento de sangre tiende a ocurrir y aumentar cuando estas organizaciones — que son grandes, poderosas, ricas, extremadamente violentas y potencialmente sangrientas … caen bajo cierto grado de presión”, comentó.

Pero la estrategia ha resultado contraproducente cuando los otros países resultan demasiado inexpertos o corruptos.

En México, por ejemplo, Estados Unidos está tratando de profesionalizar a la policía federal. Pero el programa quedó cuestionado cuando policías mexicanos intercambiaron disparos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, dejando tres muertos.

En agosto surgieron más críticas cuando dos oficiales de la CIA que viajaban en una camioneta de la embajada en Ciudad de México fueron emboscados por policías federales mexicanos que trabajaban para un grupo criminal. El vehículo quedó acribillado con 152 balazos y los oficiales resultaron heridos.

http://www.animalpolitico.com/2013/02/eu-militariza-lucha-contra-narcotrafico/

El estrés afecta el desarrollo de los niños.

El desarrollo saludable de los niños puede ser afectado por la activación excesiva o prolongada de los sistemas de respuesta al estrés en el cuerpo, con efectos negativos en la salud adulta, con enfermedades como el cáncer, asma y depresión  Un estudio difundido por la academia estadounidense de pediatría (AAP) define la existencia de 3 tipos de respuestas al estrés  positiva, tolerable y toxica, como efectos de los sistemas del cuerpo a la reacción de un evento estresante o la experiencia misma. La investigación coordinada por Sara B. Johnson, de la escuela de medicina Johns Hopkins, en Baltimore, se refiere en especifico a la respuesta toxica, que tiene en los niños efectos negativos sobre el aprendizaje, la conducta y la salud durante toda su vida. Destaca que aprender a lidiar con la adversidad es parte importante del desarrollo de los niños sanos, sin embargo, cuando sus cuerpos se ven amenazados se preparan para una respuesta aumentando las hormonas, como el cortisol, que producen aumento de frecuencia cardíaca,  presión arterial y estrés  Cuando los sistemas de respuesta al estrés de un pequeño se activan en un entorno de relaciones de apoyo con los adultos, los efectos fisiológicos se superan y lo traen de vuelta a la normalidad, pero si la respuesta es extrema y de larga duración  y no existen esas relaciones armoniosas, el resultado puede ser un daño para toda su vida.

El llamado estrés positivo, es normal para el desarrollo saludable del niño, y se caracteriza por el breve aumento de la frecuencia cardíaca y elevaciones hormonales ante actividades o emociones pasajeras.

El estrés tolerable activa los sistemas de alerta del menor, son situaciones donde se involucran emociones fuertes y duraderas, como la perdida de un ser querido, casos en los que si existen las relaciones de protección por parte de los adultos, el niño logra recuperarse.

El estrés toxico ocurre cuando el niño enfrenta, sin apoyo adecuado de un adulto, una frecuente, fuerte y prolongada adversidad, como el abuso físico o emocional, exposición a la violencia, cargas acumuladas de problemas económicos familiares, entre otros. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo del cerebro, debilitar otros sistemas de órganos  y aumentar el riesgo de enfermedades y deterioro cognitivo en la edad adulta.

"En la medida que el niño tenga experiencias adversas es mayor la probabilidad de retrasos en el desarrollo y problemas posteriores de salud, incluyendo enfermedades del corazón  diabetes, abuso de sustancias y depresión"

Debido a la complejidad de los sistemas de respuesta al estrés, los tres niveles no son clinicamente cuantificables, pero si una forma de categorizar la gravedad relativa de las respuestas a condiciones de estrés.

El informe presenta una visión general del estrés toxico, con un resumen sobre el desarrollo de la red neuroendocrino-inmune, como su función se ve alterada por la adversidad en los primeros años de vida, y como estas alteraciones aumentan posteriormente la vulnerabilidad a las enfermedades. Sugiere la valoración de los entornos infantiles de forma temprana, así como el funcionamiento de los sistemas biológicos  lo que ayuda a prever periodos críticos en el desarrollo. Advierte que cambios en los ambientes pueden mejorar los resultados. La AAP recientemente solicito a los investigadores pediátricos en biología molecular, genomica  inmunologia y neurociencia, convertirse en lideres en la ciencia del estrés a través del diseño de estrategias para construir una base solida con la cual se pueda enfrentar, con el fin de que los niños tengan una vida saludable. La academia reconoce que las relaciones familiares estables y amorosas pueden proteger a los menores de los efectos perjudiciales del estrés toxico, pero cuando no existen es importante que los amigos y comunidades intervengan, así como los servicios y programas médicos que se ocupan de la fuente del estrés y las relaciones infantiles.

Fuente http://www.eluniversal.com.mx/notas/897511.html

La criminologia y las muertes anunciadas.

 Por Rodrigo Codino *

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-61436-2012-12-07.html

El marco de referencia de las investigaciones criminológicas de campo en América latina sigue siendo el emprendido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos bajo la coordinación del profesor E. Raúl Zaffaroni a principios de los años ’80. En ella participaron, representando a sus respectivos países, los criminologos y penalistas más importantes de la región, entre los cuales cabe destacar a Lola Aniyar de Castro por Venezuela, a Nilo Batista por Brasil, como también a los recordados miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia salvajemente asesinados Emiro Sandoval Huertas y Alfonso Reyes Echandía.

El estudio sobre sistemas penales y derechos humanos concluyó a principios de los años ’90 con los resultados de una investigación que centró su atención en el derecho humano a la vida, más precisamente con la finalidad de determinar en qué medida y forma los sistemas penales lo afectaban y, para ello, se contó con datos oficiales, privados y de medios de prensa de nueve países de la región (incluyendo a nuestro país).

La hipótesis –que se confirmaría más tarde– mostraba que en esos años el derecho humano a la vida se veía afectado en forma exponencial por el accionar de personas que formaban parte de instituciones del Estado, con la particularidad de su alta frecuencia y que residía en un modo de ejercicio del poder que llevaban a cabo los sistemas penales de la región. Este fenómeno, que fue bautizado por Nilo Batista y E. Raúl Zaffaroni como el de las “muertes anunciadas”, eran las muertes que, en forma masiva y normalizada, causaba la operatividad violenta del sistema penal. Entre las víctimas de ese accionar podían encontrarse tanto a sospechosos de delitos ejecutados sin proceso como a presos, a testigos, a abogados e incluso a funcionarios considerados “molestos” por su lucha contra los abusos del poder.

Hoy en día, gracias a la consolidación del sistema democrático, el fenómeno definido como “muertes anunciadas” ha sido reducido en nuestra región, aunque las cifras siguen siendo inquietantes en algunos países.

En nuestro país, las muertes vinculadas con la operatividad violenta del sistema penal han retrocedido en forma considerable en virtud de una política de derechos humanos que se erige como política de Estado, aunque no puede soslayarse todavía una fuerte preocupación por la violencia institucional representada por numerosos casos de gatillo fácil o de muertes carcelarias.

No obstante los avances reseñados en materia de derechos humanos en los últimos años, nuestro país sigue careciendo de investigaciones criminológicas de campo respecto de las muertes violentas en todo nuestro territorio.

El Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer en estos días un informe estadístico sobre la conflictividad violenta en supuestos de homicidios dolosos consumados en la ciudad de Buenos Aires y en 19 partidos de la provincia de Buenos Aires en el año 2011.

La muestra, que abarca un universo de más de cinco millones y medio de habitantes, indica que no estamos en presencia de cifras alarmantes de muertes violentas en relación con las de la región (la tasa de homicidios en el territorio estudiado se eleva a 6,57 sobre 100 mil habitantes en una población estimada –según el último censo– en 5.669.578 habitantes, mientras que en otros países la misma tasa se eleva a dos dígitos).

Tampoco puede sostenerse, conforme a la estadística señalada, que los 373 homicidios cometidos en esas jurisdicciones tengan como móvil preponderante la comisión de delitos contra la propiedad que ocasionan la muerte, como pareciera desprenderse de las noticias difundidas por los medios de comunicación masivos, es decir, por parte de la llamada criminologia mediática que construye una realidad –principalmente mediante imágenes–, señalando insistentemente al robo como el principal factor de estas muertes.

De los datos de la investigación realizada surge al menos un núcleo problemático de mayor envergadura que los demás y que requiere la atención del conjunto de políticas públicas. Se trata, pues, de las muertes violentas producidas con motivo de discusiones, riñas, ajuste de cuentas o venganza, entre personas conocidas y que tienen lugar fundamentalmente en los sectores más vulnerables de la población.

Las cifras de homicidios en estas circunstancias son verdaderamente significativas en la totalidad del territorio objeto de estudio y parecen vislumbrar un fenómeno de una masividad por demás preocupante en villas o asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, en donde se concentra una gran parte de la población en condiciones de extrema precariedad.

La protección del derecho humano a la vida requiere entonces que la criminologia de campo vuelque sus esfuerzos a analizar minuciosamente por qué estas muertes se producen más en estos lugares que en otros, principalmente entre personas que se conocen entre sí, o sea, tratar de penetrar en las causas que hacen a que los conflictos interpersonales se resuelvan de la manera más violenta entre gente conocida en determinados lugares pues, como reiteradamente se ha dicho, no se puede prever lo que no se conoce.

Creemos que una criminologia para los derechos humanos no puede dejar de alertar cuándo algunas muertes pueden estar transformándose en “muertes anunciadas”, es decir, en muertes masivas y normalizadas, más aun, cuando las causas de esta violencia parecieran tener su origen en un sistema social excluyente.

Según la obra de Gabriel García Márquez, Santiago Nasar necesitaba tan sólo de algunos segundos para salvarse, pero no le alcanzaron para proteger su vida pues los roles de víctima y de victimario estaban previamente definidos, incluso el de toda la sociedad, ya que ésta sabía que su muerte ocurriría de todos modos.

En nuestra sociedad, en cambio, sería imposible afirmar que las muertes violentas a las que hicimos alusión irremediablemente ocurrirán, pero tenemos fuertes sospechas de que seguirán produciéndose en la medida en que parte de su población continúe siendo excluida. Esto último parece no ser ficción sino pura realidad.